Autoridades federales y estatales llevaron a cabo ayer la incineración de cerca de 28 kilogramos de narcóticos y la destrucción de 164 máquinas tragamonedas, así como otros objetos del delito, en las instalaciones de la Treceava Zona Militar de Nayarit. Esta acción forma parte de las estrategias permanentes para fortalecer la seguridad y combatir a la delincuencia.
El evento contó con la participación de diversas instituciones de seguridad, incluyendo el Ejército Mexicano, la Marina, la Guardia Nacional y las fiscalías Federal y Estatal. El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, estuvo presente en la ceremonia, donde se enfatizó la importancia de la coordinación interinstitucional para mantener un frente unido contra las actividades delictivas en la entidad.
La destrucción de narcóticos, armas y máquinas tragamonedas es una medida constante que busca inhibir la comisión de delitos y reducir los riesgos asociados a la dependencia, la violencia y la descomposición social que generan estas actividades.
Durante el acto, el fiscal federal en Nayarit, Gabriel Campos Piña, detalló que se incineraron 27 kilogramos con 861 gramos de narcóticos. Además, se destruyeron 164 máquinas tragamonedas y 142 objetos que habían sido utilizados para la comisión de delitos. El fiscal también informó sobre los resultados acumulados en lo que va de 2025, señalando que se han retirado de circulación un total de 542 máquinas tragamonedas y se han asegurado 170 mil 273 pesos en efectivo.
Estos aseguramientos son resultado de las acciones implementadas a través de la Mesa de Construcción de la Paz y Seguridad, un espacio de coordinación interinstitucional en el que autoridades de los tres niveles de gobierno diseñan y ejecutan estrategias para fortalecer la seguridad pública, prevenir el delito y fomentar la paz social. Esta mesa sesiona diariamente para abordar los retos de seguridad del estado.
Asimismo, el fiscal federal destacó que, como parte de la estrategia nacional de seguridad, se ha logrado un importante aseguramiento y posterior destrucción de armas de fuego, cargadores y cartuchos. El trabajo conjunto en el presente año ha permitido obtener 89 vinculaciones a proceso por delitos federales y 136 sentencias condenatorias, con penas que oscilan entre los 2 y los 20 años de prisión.
