El gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, participó en Bahía de Banderas en la inauguración de la LIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, que por primera vez tiene como sede a Nayarit y reúne a fiscales generales de distintas entidades del país, autoridades federales y representantes de organismos nacionales e internacionales para fortalecer la coordinación frente a los principales desafíos en materia de procuración de justicia.
El mandatario estatal reconoció la presencia de la fiscal general de la República y presidenta de la Conferencia, Ernestina Godoy Ramos; de las y los fiscales generales participantes; representantes de la ONU-DH, así como de autoridades de los poderes Legislativo y Judicial y de instituciones federales. Destacó también el compromiso del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, y refrendó el respaldo de Nayarit a la transformación que encabeza la presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo.
Navarro Quintero señaló que durante la Asamblea se abordarán temas que exigen respuestas firmes y coordinadas, entre ellos la desaparición de personas, el combate a la extorsión, el feminicidio y la profesionalización de las instituciones de procuración de justicia. Subrayó que se trata de problemáticas que trascienden fronteras y frente a las cuales ninguna autoridad puede actuar de manera aislada.
La fiscal general de la República y presidenta de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, Ernestina Godoy Ramos, reconoció el trabajo realizado por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero en beneficio de Nayarit y destacó que la coordinación entre las instituciones es indispensable para combatir la delincuencia, la impunidad y la corrupción, así como para avanzar en la construcción de la paz y fortalecer el Estado de derecho.
Godoy Ramos señaló que esta Asamblea permitirá fortalecer las atribuciones concurrentes y avanzar en la coordinación de acciones frente a la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, la incorporación a la estrategia nacional contra la extorsión, el feminicidio y la profesionalización y certificación de las instituciones de seguridad, con el propósito de consolidar capacidades que permitan procurar justicia con mayor eficacia y contribuir a la paz social.
